Corte Interamericana ordena frenar Ley de Amnistía por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en Perú

Corte Interamericana ordena frenar Ley de Amnistía por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en Perú

• La Presidenta de la Corte Interamericana ordenó al Estado peruano detener el trámite de la Ley de Amnistía y abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
• El 21 de agosto se celebrará una audiencia pública en la Corte IDH en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana sobre este tema.
• La norma fue aprobada por solo 16 miembros de la Comisión Permanente del Congreso, pese a sus graves implicancias para la justicia y los derechos humanos en el país.

Lima, Washington D.C., 30 de julio de 2025. El 24 de julio, la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano detener de inmediato el trámite del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Asimismo, indicó que, de no frenar su promulgación, las autoridades deben abstenerse de aplicar esta ley hasta que el Tribunal pueda analizar a fondo sus impactos sobre los derechos de las víctimas. Además, se convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana sobre este tema.

Esta resolución tiene como antecedente la decisión de la Corte Interamericana de 1° julio del 2024, en la cual se ordenó a Perú no adoptar o dejar sin efecto la Ley de Impunidad (hoy Ley No. 32107), la cual dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú durante el conflicto armado. En dicha decisión, la Corte subrayó que esa norma afectaba gravemente los derechos de las víctimas, y que los tres poderes del Estado debían garantizar que dicha norma, o iniciativas similares, no fueran adoptadas. Esta decisión se encuentra en total desacato por parte del Estado peruano

Sin embargo, a un año de esa decisión, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía, ignorando abiertamente lo dispuesto por el Tribunal. Esta iniciativa fue aprobada por apenas 16 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, sin deliberación amplia y haciendo caso omiso de la amplia condena internacional, pese a que afecta a miles de víctimas y contradice flagrantemente las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Se trata de un uso abusivo de los mecanismos legislativos para imponer un marco normativo de impunidad.

Ante este nuevo y grave desacato, las organizaciones representantes de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta hemos acudido nuevamente a la Corte IDH para solicitar su intervención urgente. La promulgación de esta norma tendría consecuencias devastadoras: afectaría directamente a 156 casos con sentencia firme y a más de 600 procesos en curso, vulnerando los derechos a la justicia y a la reparación de miles de víctimas en el país.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de las víctimas, respaldamos esta firme medida de la Presidenta de la Corte Interamericana, que busca impedir que se consolide un régimen de impunidad en el Perú. Asimismo, lamentamos que el Estado se haya pronunciado rechazando la decisión de la Corte IDH apelando a su soberanía, cuando el propio Estado se obligó, en ejercicio pleno de su soberanía, a acatar las decisiones de la Corte al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el Estado ha tomado acciones reconociendo la autoridad de la Corte IDH, como presentar la nominación y contar con la participación de un juez peruano como integrante del Tribunal.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo a actuar con responsabilidad y vetar esta ley, y al Congreso a respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El avance de esta norma constituye un retroceso histórico para la justicia y verdad en el Perú y una grave afrenta a la memoria y dignidad de las víctimas.

Lima, 30 de julio del 2025

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