LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY RESUELVE ARCHIVA SIETE INVESTIGACIONES CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY RESUELVE ARCHIVA SIETE INVESTIGACIONES CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
Como se denunció el 13 de mayo de 2025, a partir de la implementación de un práctica sistemática gubernamental de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, en Arequipa, abrió más 40 investigaciones penales por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios, etc. contra más de 20 personas residentes en el Valle del Tambo (entre agricultores, transportistas, maestros, etc.) que se oponen al proyecto minero Tía María.
En efecto, como es de conocimiento público, el 18 de febrero de 2025, se inició una paralización indefinida en el Valle del Tambo con diferentes manifestaciones públicas absolutamente pacíficas como marchas, plantones, etc. Sin embargo, la Procuraduría Pública de Orden interno del Ministerio del Interior denunció la falsa comisión de delitos por los manifestantes y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay en atención a dichas denuncias y, también, de oficio decidió abrir investigaciones contra diferentes pobladores del Valle del Tambo, a pesar que no existían sindicaciones directas contra éstos, al punto que la Fiscalía señaló en toda ellas que las investigaciones las dirigían contra los que resulten responsables. Es decir, no existían imputaciones directas contra determinadas personas, pero siempre eran los mismo 20 pobladores los que eran citados a declarar.
Al respecto, hemos sido notificados que, mediante Disposición No. 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, 7 investigaciones abiertas ( Carpetas Fiscales: 324-2025; 328-2025; 360-2025; 363-2025378-2025; 446-2025, finalmente acumuladas al 327-2025) por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay sobre supuestos 9 hechos delictivos que se habrían suscitado entre el 24 de febrero de 2025 y el 21 de marzo de 2025 (se habrían diversas investigaciones por casi cada día de paralización) acaban de ser archivados por la propia fiscalía, bajo el argumento de que no siendo posible “… introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables …”, además de nos existir testigos de los hechos “… debe ordenarse el archivo ..” de dichas investigaciones.
Al respecto, la defensa legal de los investigados, David Velazco Rondón, señala que “(…) no hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y el ambiente, vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú.
Además, agrega Velazco Rondón que “… la decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones fiscales, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos e incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos …”.
Se debe tener presente que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo se inicia por la actitud de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto minero a pesar de la oposición abrumadoramente mayoritaria de la comunidad de agricultores del Valle del Tambo, dado a que los estudios técnicos, realizados por expertos independientes, concluyen que dicho proyecto minero afectaría gravemente la cantidad, y sobre todo, la calidad del agua de dicho Valle dedicado a la producción agrícola de alta calidad.
Velazco Rondón termina señalando que: “(…) hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, el que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, solicitan e inician procesos, dentro de lo que consideramos se trata de una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo para que no protesten ni se oponga al proyecto minero antes citado; accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos (…)”.
Lima, 23 de enero de 2026.
Con el ruego de su difusión.
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