LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY INICIA DIVERSAS INVESTIGACIONES SIMULTÁNEAS CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
Como parte de una práctica sistemática gubernamental de criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente.
LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY INICIA DIVERSAS INVESTIGACIONES SIMULTÁNEAS CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
El día 09 de mayo de 2025, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay ha notificado la tercera investigación preliminar abierta contra diferentes defensores de derechos humanos y del ambiente que se movilizan pacífica y públicamente para expresar una opinión contraria frente al intento de imposición gubernamental del proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo, en Arequipa.
Este hecho prueba la presencia de una arbitraria decisión gubernamental para llevar adelante este proyecto minero a como dé lugar, a pesar de la oposición de la comunidad de agricultores del Valle del Tambo, dado a que en a estudios técnicos, están convencidos de que se afectaría gravemente la cantidad, y sobre todo, la calidad del agua de dicho Valle para la agricultura y el consumo humano. Aquí se debe tener presente que el éxito económico del reconocido Valle del Tambo se debe a la exportación de productos agrícolas de alta calidad.
Al respecto, cabe señalar que esta práctica criminalizadora se expresa, por ejemplo, con la apertura simultánea de diversas investigaciones preliminares contra las personas defensora de derechos humanos y el ambientales, caso de Juan Miguel Meza Igme y Rocío Liliana Rojas Zavalaga, contra quienes sin prueba alguna, se les ha formulado acusaciones por delitos que no han cometido.
No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y el ambiente, vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú.
Desde FEDEPAZ denunciamos este comportamiento del gobierno peruano el que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos, dentro de lo que consideramos se trata de una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo para que no protesten ni se oponga al proyecto minero antes citado; accionar que rechazamos y condenamos por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos.
Lima, 13 de mayo de 2025.
Con el ruego de su difusión.
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