Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba-Cotabambas acoge solicitud de sobreseimiento del Ministerio Público y de la Defensa Legal de los defensores criminalizados y dispone cerrarles el proceso judicial
Después de más de 10 años de haberse criminalizado a 19 defensores de derechos humanos que protestaban legítimamente contra el Estado y el proyecto minero Las Bambas
Mediante Resolución de fecha de hoy, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas resolvió declarar fundada la solicitud de sobreseimiento (cierre del proceso penal) contra 19 defensores de derechos humanos y ambiente, esto es comuneros campesinos injustamente investigados, desde setiembre de 2015, por la supuesta comisión del delito contra la seguridad pública – delito de peligro común, sub tipo producción de peligro común con medios catastróficos y del delito contra el patrimonio – daños agravados (Expediente No. 253-2015).
Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria del mencionado proyecto minero) que entre otras cosas venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social, razón por la cual la Fiscalía Mixta de Challhuahuacho decidió formalizar una investigación penal en su contra y, finalmente, en junio de 2019, acusarlos por los delitos por el cual estaban siendo investigados.
En enero de 2020 el caso fue llevado a Juicio y en febrero de 2020 el Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba absolvió a todos los procesados de todos los delitos por los que fueron acusados por la citada Fiscalía. Sin embargo, en julio de 2021, con el argumento de que no se había respetado el principio de imputación necesaria (exigencia constitucional que obliga que en la acusación fiscal se precise las acciones concretas que habrían asumido los acusados para cometer los delitos) la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac anuló la sentencia.
Al regresar el expediente a la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho, el 12 de setiembre de 2024, la misma Fiscalía formuló un requerimiento mixto, por el cual solicita se sobresea (se cierre) el proceso contra los 19 campesinos en lo relacionado a los delitos: a) contra la seguridad pública – delito de peligro común, sub tipo producción de peligro común con medios catastróficos y b) contra el patrimonio – daños agravados. Al ser notificada la defensa técnica de los campesinos acusados, dicha defensa técnica solicitó que se declare fundado el sobreseimiento y se cierre el proceso penal por dichos delitos, solicitud que, finalmente, fue amparada por el Juzgado declarando fundada dicha solicitud de sobreseimiento.
Al respecto, en la antes citada Resolución el Juzgado señaló que durante la investigación preparatoria no se había acreditado la existencia de elementos de convicción que acrediten que los investigados pudieran haber cometido los delitos por los cuales se les venía investigando y que tampoco se había sustentado la presencia de todos los requisitos que exige la ley para calificar como sancionables penalmente la conducta de los 19 investigados en los delitos antes señalados.
En relación a ello, David Velazco Rondón, abogado que viene asumiendo la defensa legal de los campesinos acusados, expresa su satisfacción con esta Resolución Judicial que decide cerrar el proceso por los delitos citados líneas arriba, aunque aún está pendiente debatir en la Audiencia de Acusación las imputaciones sobre otros dos delitos (delito contra la seguridad pública – delito de peligro común, sub tipo tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos y; delito contra la paz pública en su modalidad de Disturbios) contra las mismas personas defensoras de derechos humanos y ambiente.
Lima, 26 de junio del 2026
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