El 38° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú: PRECISA QUE EL NUEVO GOBIERNO TIENE PLANEADO LIBERAR PROYECTOS MINERO
El 38° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú:
PRECISA QUE EL NUEVO GOBIERNO TIENE PLANEADO LIBERAR PROYECTOS MINERO
El día 15 de este mes se realizó la presentación del 38° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, por las organizaciones COOPERACCION, FEDEPAZ Y GRUFIDES. Se dio cuenta del análisis respecto de la situación sociopolítica relacionado con la minería, el ambiente y la conflictividad social. Esta presentación se dio en el contexto de un próximo nuevo gobierno que será presidido por Keiko Fujimori, expresando preocupación porque se observa que este nuevo gobierno anuncia la liberación de proyectos mineros.
Inició la presentación del OCM, José de Echave, representante de COOPERACION, quien compartió una exposición sobre la cartera de proyectos mineros para el año 2026, una reflexión respecto a conflictos sociales por expansiones mineras tanto de proyectos formales como de actividad informal. Señaló sobre la evolución de las concesiones mineras, en gran parte de las regiones del país, por ejemplo, señaló que en Apurímac se produjo un aumento que fue de alrededor del 25%, haciendo notar este significativo crecimiento y, también, indicó que en medio año habían aumentado en 2 millones de hectáreas. Terminó precisando que durante el primer trimestre del presente año subió la taza de inversión en minería en alrededor del 43.7% en comparación del mismo período del año anterior.
A su turno Marco Arana, en representación de GRUFIDES compartió que durante este primer semestre se ha reactivado la presencia de mineros ilegales en el Cerro Quillish, que como bien se sabe, en el año 2004 fue motivos de grandes protestas para que se cancelaran las operaciones mineras en dicha zona. También nos señaló acerca de la expansión de los grandes proyectos mineras en la Región Cajamarca y mencionó el caso del proyecto minero “La Granja” que está ubicado en la provincia de Chota, en el cual la empresa minera presentó su estudio de impacto ambiental preliminar donde indican que pretenden ubicar sus relaves en Chiclayo y la Libertad, con una extracción de agua de mar. Igualmente, expresó su preocupación acerca del contexto político y del futuro gobierno, en relación a la independencia de poderes en el país, el respeto del Poder Judicial y el fortalecimiento de la Institucionalidad ambiental, evidenciando que aún subsisten una cantidad importante de conflictos mineros judicializados que duran largos años, señalando como ejemplo que después de 26 años, la Corte Suprema de Justicia de la República responsabilizó a Yanacocha y RANSA sobre el derrame de petróleo en Choropampa, Cajamarca.
Por FEDEPAZ intervino David Velazco, quien nos señala que en Piura el 23,8% del territorio de la región esta concesionado. En dicha Región, la empresa Río Blanco desde hace muchos años pretende pasar a la etapa de explotación minera en el proyecto minero, denominado también, Río Blanco, a pesar que la población y las comunidades afectadas se mantienen firme en su posición de rechazo, porque se considera a dicho proyecto como altamente contaminante y afecta las fuentes que generan agua para la región. Por ello, recordó que se hizo una gran Consulta Vecinal en el año 2007 que rechazo la presencia de la empresa y su intención de desarrollar el referido proyecto minero y desde esos años hasta la fecha siempre se da manifestaciones públicas de las comunidades en el sentido de reiterar el rechazo aquí señalado.
Señaló también, que en torno a los conflictos sociales generado por el intento de desarrollar el proyecto minero “Río Blanco” (Piura) o “Tia Maria” (Arequipa) o, la continuación de la explotación y minera “Las Bambas” (Apurímac), el estado en lugar de buscar mecanismos para viabilizar el diálogo directo y permanente con la población, lo que ha hecho, en forma totalmente equivocada, es priorizar la represión y la instrumentalización del derecho, particularmente del derecho penal, derecho constitucional y derecho civil, para perseguir judicialmente a los defensores ambientales y de derechos humanos que protestan, legítima y pacíficamente, en la defensa de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a gozar de un medio ambiente sano, etc.. En esta estrategia estatal que ha convertido a la represión y criminalización en una práctica sistemática para acallar la disidencia antes referida, muchos comuneros y/o integrantes de pueblos indígenas han sido asesinados por fuerzas de seguridad del estado o han sido privados arbitrariamente de su libertad. Precisó que como parte de dicha estrategia el Estado, a sabiendas que las protestas son legítimas y que no hay pruebas de comisión de delitos por quienes protestan, lo que hace es esforzarse por mantener abiertos por años los procesos penales, con el objeto de desmovilizar la protestas.
Ana Leyva, también de COOPERACCION, mencionó que debemos fortalecer la institucionalidad de la protección del agua, reforzando las capacidades de planificación, control y fiscalización de las autoridades estatales competentes en este tema. Recordó que a fines de diciembre vence el plazo de vigencia del REINFO y, ello, hace urgente la necesidad de tomar decisiones políticas serías y con vocación de permanencia y desarrollo (no desde una perspectiva coyuntural), considerando que este tema, en lo referido a lo ambiental, debe ser considerado como un principal tema a tratar por el nuevo gobierno.
Lima, 17 de Julio del 2026
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