Nota de Prensa 27-02-09
Lima, 27 de febrero 2009
Continúa Persecución contra técnicos que colaboraron en la Consulta Vecinal en Majaz
ARBITRARIMENTE JUEZ INTENTA DICTAR SENTENCIA SIN HABER CONOCIDO DE LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS Y SIN HABER ESCUCHADO A LAS PARTES
Constitución exige que magistrado conozca a las partes antes de dictar sentencia
Freddy Giraldo Rivera, con el asesoramiento de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), presentó una demanda de Hábeas Corpus contra Augusto Lau Arizola, juez del Sexto Juzgado Penal de Piura, quien sin tener conocimiento de las pruebas, ni haber escuchado los respectivos informes orales, pretende dictar sentencia en el proceso penal por el supuesto delito de usurpación de funciones que se les sigue a él y cuatro miembros de su equipo técnico, por haber participado en la ejecución de la Consulta Vecinal realizada el 16 de setiembre del 2007, en distritos de la sierra de Piura.
Freddy Giraldo Rivera, Luis Salazar Alza, Edith Pacheco Berrio y César Salazar Alza, fueron denunciados ante el Sexto Juzgado Penal de Piura (Expediente 316-2008) por participar como miembros del equipo técnico -especialistas en procesos electorales- en la Consulta Vecinal efectuada en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa, y El Carmen de la Frontera, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba respectivamente. Como es de conocimiento público los resultados de dicha consulta mostraron que un 97% de los pobladores que participaron, deseaban continuar con el desarrollo sostenible de su región basado en la agricultura, la agroexportación y el ecoturismo y rechazaron rotundamente las actividades mineras dentro de sus localidades.
En el citado proceso, Augusto Lau Arizola, asumió la condición de Juez Penal del Sexto Juzgado Penal de Piura a inicios del presente año, y sin tener conocimiento fáctico del caso, mediante una resolución arbitraria, pretende llevar a cabo la lectura de sentencia poniendo en riesgo la libertad personal de los investigados.
En efecto, a pesar de la expresa solicitud de los procesados para que el nuevo Juez escuche sus informes orales y así conozca mejor el caso, dicho magistrado contrariando la constitución ha denegado dicha solicitud vulnerando, así mismo el derecho de defensa de los investigados.
Aquí es preciso señalar que la ley exige que el juez disponga de una plena convicción -que le dan las pruebas- antes de emitir sentencia alguna. La ilegal insistencia de Lau Arizola de dictar sentencia y continuar con la diligencia de lectura de la misma sin haber tenido contacto directo con las partes, ni haber escuchado sus tesis de defensa, vulnera el debido proceso judicial y evidencia la persecución que todavía existe contra las personas que se involucraron directamente con llevar a cabo la Consulta Vecinal en la serranía de Piura.
Agradecemos su difusión.
Área de comunicación
FEDEPAZ