25 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros

PRECISA QUE EL GOBIERNO NO TIENE UNA POLITICA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y OPTA POR EL CAMINO EQUIVOCADO DE LA CRIMINALIZACION A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El día de ayer 11 a las 9 am se realizó la presentación del 25° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperacción, Fedepaz y Grufides. El acto se llevó a cabo, según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e internacional, expectante al panorama sociopolítico relacionado con la minería, el ambiente y la conflictividad social, en el contexto de estos 6 meses de incremento de la conflictividad social respecto de la cual, la Defensoría del Pueblo ha registrado187 conflictos sociales, a octubre de 2019, de los cuales 126 tienen un origen socio ambiental (62.70% de ellos vinculados a actividades extractiva mineras)[1].

Por Cooperacción inició el evento José de Echave, ofreciendo una mirada general y anotando el incremento de la conflictividad social, denunciando la superposición de concesiones mineras con restos arqueológicos en la Región Apuríma , para finalmente informar que en relación al denominado proyecto “Ariana”, impulsado por la empresa de capitales canadienses Southern Peaks Minnig, en el mismo se había previsto que los relaves o deshechos tóxicos se depositarían en una zona donde son frecuentes los movimientos sísmicos muy cerca de la entrada al túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao que, en caso de producirse un sismo que lo afecte afectaría gravemente el abastecimiento de agua a toda la ciudad de Lima (más de 10 millones de habitantes).

A su turno Mirtha Villanueva, en representación de Grufides compartió su preocupación por la situación grave de criminalización de la protesta social contra dirigentes campesinos de las diferentes provincias de Cajamarca. Asimismo, señaló que Yanacocha viene realizando un trabajo silencioso para que con ofrecimientos de supuesta ayuda económica a los hijos de los pobladores éstos acepten el proyecto minero Conga. Sin embargo, recordó que Cajamarca sigue siendo la primera Región en pobreza del país a pesar de tenerse minería por más de 25 años en la Región

Foto:Fedepaz

Por Fedepaz intervino David Velazco, quien reiteró que para el Observatorio de Conflictos Mineros era de fundamental importancia anotar que el estado peruano viene equivocando su política de atención a las demandas de respeto a los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades que vienen siendo afectados por actividad extractivo. Al respecto dijo que el estado peruano, en lugar de atender las demandas sociales y tender puentes de diálogo, por el contrario, criminaliza la protesta social, reprimiendo las manifestaciones de manera brutal en su vano intento de detenerlas, iniciando campañas mediáticas de demolición de honras para deslegitimar la protesta social e instrumentalizando el derecho penal y constitucional para perseguir judicialmente y amenazar con detener a todos los que protestan buscando su desmovilización en la persona de sus dirigentes principalmente.

Así intenta imputar delitos de organización criminal, extorsión, etc., a los que protestan en legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a disentir democráticamente de las decisiones gubernamentales, solicitando detenciones preliminares y provisionales, así como acusando por delitos graves, como los referidos líneas arriba, con la finalidad que se les imponga severas condenas privativas de libertad.

Por el contrario, señaló que los que protestan en defensa de sus derechos fundamentales son calificados por la normativa internacional, que obliga internacionalmente al estado peruano, como defensores de derechos humanos y, como tal el estado debe de aprobar normas que los protejan de afectaciones a sus derechos fundamentales, d de manera especial por la precaria situación en que desarrollan sus actividades de defensa de derechos humanos.

Seguidamente, señaló que ate esta situación de criminalización se asume la defensa legal de los denunciados y acusados y, al mismo tiempo se realiza un trabajo de incidencia para el respeto de los derechos humanos y se asume una actividad intensa de formulación de propuestas normativas que protejan a los defensores y, además, eliminen las normas que permiten su criminalización.

Finalmente, denunció que la existencia de los convenios de seguridad privada suscrito entre la Policía Nacional del Perú y las empresas privadas del sector extractivo minero que en la práctica suponían la privatización de la fuerza pública o, peor aún, la mercenerización de la fuerza pública. Situación que significaba una grave vulneración a los derechos humanos en tanto con recursos públicos (uniforme, armas, autoridad pública, etc.) se llevaban a cabo acciones de represión contra los que participan en la protesta social bajo la dirección no sólo de sus comandos policiales sino de las decisiones particulares de las Gerencias Generales o de Seguridad de las empresas a quienes brindan servicio por los cuales pagan ingentes sumas de dinero a la policía. Agregando que, igualmente, vulnerando los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución, desde noviembre de 2017, el gobierno ha autorizado la participación de las fuerzas armadas en el “control de los conflictos sociales”, lo cual significa, nuevamente, una grave afectación a los defensores de derechos Humanos

Con el ruego de su difusión,

Lima, 12 de diciembre de 2019

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[1] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-188-Octubre-2019.pdf