Audiencia Pública CIDH 2014 – Regional: Criminalización de defensores de DDHH
La Comisión convocó esta audiencia por su propia iniciativa para examinar cómo el derecho penal se utiliza para limitar la defensa de los derechos humanos, para un informe que la Comisión está preparando sobre el tema. Se informó a la Comisión de que acusaciones criminales vagas o ambiguas como «incitación a la rebelión», «terrorismo», «sabotaje», «instigación a la delincuencia», o «ataques contra o resistencia a la autoridad pública» –son a menudo llevadas a cabo arbitrariamente por las autoridades. Tales casos criminales a menudo se prolongan indefinidamente y se acompañan de medidas como la prisión preventiva y la prohibición de salir del país. Según las organizaciones participantes, la criminalización de los defensores de los derechos humanos no sólo los afecta a ellos y a sus familias sino que también afecta a las víctimas y las causas que representan. Las organizaciones discutieron algunos de los contextos en los que los defensores y las defensoras de derechos humanos tienden a ser criminalizados: manifestaciones de protesta social; la ejecución de proyectos de desarrollo masivos; y la defensa de los derechos laborales o los derechos sexuales y reproductivos. Las organizaciones señalaron que los agentes no estatales a menudo desempeñan un papel en traer acusaciones infundadas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos son aún más vulnerables porque pertenecen a grupos tradicionalmente sujetos a discriminación, incluyendo líderes indígenas, afro-descendientes, o campesinos. La Comisión también recibió información preocupante sobre cómo la criminalización de la intimidad del mismo sexo en 11 países afecta a la defensa de los derechos humanos, la restricción del acceso a la justicia y alimentando la intolerancia. Según la información recibida por la Comisión, los que defienden los derechos de las personas LGBTI en estos países son vistos como «criminales auto-declarados». La CIDH señaló que Belice y Trinidad y Tobago aún tienen legislación en vigor que prohíbe la entrada de los gays al país, lo cual tiene un grave impacto sobre el derecho de reunión de los que trabajan para defender los derechos LGBTI.