En presentación del 34° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros – PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL

En presentación del 34° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros

PRECISAN QUE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO HA ESTADO MARCADO POR UNA NUEVA ARREMETIDA ESTATAL Y EMPRESARIAL PARA IMPONER EL DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS QUE NO CUENTAN CON LICENCIA SOCIAL

Al mismo tiempo se han intensificado las acciones de criminalización de la protesta social

Este 18 de julio a las 9:00 am se realizó la presentación del 34° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides. Como en anteriores oportunidades, la presentación del informe contó con la participación de prensa regional, nacional e internacional, expectante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con la minería, el ambiente y la conflictividad social del primer semestre del año.

Al respecto, José De Echave de Cooperación señaló que la primera idea fuerza es que la conflictividad social se ha complejizado, que no es la misma de hace cuatro o cinco años, complejidad que tiene que ver con el crecimiento explosivo de la minería informal que disputa espacios a la minería formal. Agregó que el segundo aspecto tiene que ver con los anuncios recientes del ministro de Ambiente que, en lugar de promover el respeto de estándares ambientales para evitar efectos contaminantes, por el contrario, se muestre como un promotor de las inversiones omitiendo que las mismas deben respetar dichos estándares.

Por ello, se anuncia un paquete de medidas que asumirían plenamente las propuestas empresariales y que, entre otras cosas, señalan que en Perú hay mucha “tramitología”. Pero De Echave señala que respeto de estas afirmaciones no se presentan evidencias y, por el contrario, las evidencias que existen es que esto no es así. En efecto, de la información oficial contenida en el portal de SENACE respecto de 13 grandes proyectos de inversión, los procesos del EIA de 10 de ellos no llegaron al año de duración y de los otros 3 restantes, 2 demoraron poco más de un año y 1 demoró dos años. Además, se pudo observar que la demora en dichos procesos es atribuible a las empresas por haber presentado información de baja o incompleta calidad que requería ser subsanada.

Por otro lado, Miguel Meza señaló que están seriamente afectados por las acciones de criminalización de los funcionarios de este gobierno y de las empresas, pero que, igual, continuarán con sus luchas. Agregó que es falso que el proyecto minero Tía María cuente con el apoyo de la población. Por el contrario, recordó que ya la población del Valle del Tambo, con una mayoría abrumadora, en una Consulta Vecinal, se ha pronunciado a favor de un modelo de desarrollo social basado en la agricultura y no en la Minería. Situación que fue ratificada por la Congresista Luque en su intervención

A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación por la continuación de los conflictos sociales en la Región Cajamarca, generados por las empresas mineras que tienen grandes extensiones en concesión minera y, por la actitud de las mismas de generar, incluso, enfrentamiento entre diferentes grupos de campesinos, recordando que la minería ilegal en la Región Cajamarca, también, viene generando conflictos.

Finalmente, David Velazco de FEDEPAZ señaló que lamentaban el hecho de que se haya incrementado la presión de los funcionarios estatales y los representantes de empresas extractivas mineras, para intentar imponer el desarrollo de proyectos mineros bajo la formulación de informaciones falsas. Es el caso del proyecto Tía María en la cual la empresa Southern Perú que ha señalado que ya cuentan con licencia social, pero uno llega al Valle del Tambo (donde se ubica el proyecto minero) y puede observar que mayoritariamente la población está en contra, expresándose dicha situación en la colocación de bandera de color verde con las expresiones “Agro Si”, “Mina No”, “Tía María No Va”, en todas las casas ubicadas en dicho Valle.

También, se afirma que el inicio del desarrollo del proyecto Tía María promoverá la inversión y el desarrollo de otros proyectos minero en gran medida, pero en realidad ello no es necesariamente cierto, porque muchos de esos proyectos o no cuentan con licencia social o no están, por el momento, dentro de las prioridades de inversión de las empresas titulares de la concesión o proyecto minero, como el caso de las concesiones que tiene Newmont Corporation en la Región Cajamarca.

Asimismo, los funcionarios del estado y los representantes de las empresas tienen buena relación con la dirigencia, sin embargo, continúan las acciones de criminalización, con mayor razón cuando las protestas se reinician ante los intentos de imposición de los proyectos mineros. En el caso de Tía María, por ejemplo, uno de los voceros de los agricultores, Juan Miguel Meza Igme, que se oponen al desarrollo de dicho proyecto minero acaba de ser denunciado por una supuesta comisión de delitos de extorsión, coacción y violencia contra la mujer contra dos funcionarios de la empresa minera, cuando todo ello es falso. Por eso, ya el Juzgado de Familia Especializado en Violencia Familiar de Islay ha archivado la solicitud de medidas provisionales y ha ordenado que se comunique a Inspectoría de la Policía para que investigue a los efectivos policiales a cargo del caso por considerar que se trata de una denuncia manifiestamente infundada.

Finalmente, siguió cuestionando los contratos de seguridad privada suscritos entre las empresas, sobre todo del sector extractivo, con la Policía, porque ello constituía en la práctica la privatización del uso de la fuerza pública a cambio de una remuneración que comprometía la autoridad pública, la logística de la policía, la labor del personal policial, que son solventados por todos y todas las peruanas con sus impuestos.

 

Lima, 21 de julio del 2024

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