LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY RESUELVE ARCHIVAR INVESTIGACION CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ISLAY RESUELVE ARCHIVAR INVESTIGACION CONTRA DEFENSORES DEL VALLE DEL TAMBO
Los hechos materia de investigación, en sede policial y fiscal, hacen referencia que el 24 de abril del 2026, Jaime Marco Jiraldo Dolores y Marcos Merma Luna, mientras conducían sus vehículos por la carretera Costanera Norte, del distrito de Deán Valdivia (a la altura del puente Guardiola), transportando a trabajadores de Consorcio Constructor Perú, habrían sido”… presuntamente atacados por un grupo de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) manifestantes que se oponían al proyecto minero Tía María, quienes habrían arrojado piedras y palos… Los denunciantes atribuyeron inicialmente dichos hechos a Juan Miguel Meza Igme…” y a otras personas.
En efecto, como es de conocimiento público, en el mes de abril del 2026 se dieron diversas manifestaciones, también, públicas absolutamente pacíficas como marchas, plantones, etc. Sin embargo, la Procuraduría Pública de Orden interno del Ministerio del Interior denunció la falsa comisión de delitos, por los manifestantes, y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay en atención a dichas denuncias decidió abrir investigación contra diferentes pobladores del Valle del Tambo, a pesar que no existían sindicaciones directas contra éstos, al punto que la Fiscalía señaló que dichas investigaciones las dirigían contra los que resulten responsables. Es decir, no existían imputaciones directas contra determinadas personas, pero siempre eran los mismos 15 pobladores los que eran citados a declarar.
Al respecto, acabamos de ser notificados que, mediante Disposición No. 01-2026-MP-DFA-FPPC-ISLAY, de fecha 15 de julio del 2026 (contenida en la carpeta fiscal N°923-2026) la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay ha decidido archivar la investigación antes referida, con el argumento que como “…las diligencias preliminares no permiten identificar al presunto autor y/o autores, no siendo suficiente la mera presunción o simple sindicación realizada sobre una persona respecto de la comisión de un delito, ya que no es suficiente atribuir responsabilidad penal…”, no siendo posible “… disponer en sede fiscal de un acto de investigación concreto que ayude en esta identificación e individualización de los presuntos actores, debe ordenarse el archivo de los actuados…” .
En relación a ello, la defensa legal de los investigados, David Velazco Rondón, señala que “… hay que tener presente que estas falsas imputaciones y apertura de investigación penal contra los defensores de derechos humanos y el ambiente, violentan sus derechos en tanto que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentran reconocidos en tratados internacionales de protección de derechos humanos, en la propia Constitución Política del Perú y por el Tribunal Constitucional del Perú (Expediente N° 00009 – 2018 – PI/TC).
Además, agrega Velazco Rondón que “… la decisión fiscal de archivar esta investigación fiscal, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y de derechos humanos e incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos …”.
Se debe tener presente que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María en el Valle del Tambo se inicia por la actitud de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto minero a pesar de la oposición abrumadoramente mayoritaria de la comunidad de agricultores del Valle del Tambo, dado a que los estudios técnicos, realizados por expertos independientes, concluyen que dicho proyecto minero afectaría gravemente la cantidad, y sobre todo, la calidad del agua de dicho Valle dedicado a la producción agrícola de alta calidad y de exportación…”
Velazco Rondón termina señalando que: “(…) hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, el que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, solicitan e inician procesos, dentro de lo que consideramos se trata de una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo para que no protesten ni se oponga al proyecto minero antes citado; accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos (…)”.
Lima, 20 de agosto de 2026.
Con el ruego de su difusión.
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